La Cámara Penal admitió la acusación de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en el caso de violencia institucional cometido contra un grupo de jóvenes en las Cuatro Plazas de Mendoza y Provincias Unidas, que llevará a una veintena de policías a juicio. La resolución amplió la imputación del delito de torturas a los agentes que fueron parte de los hechos cometidos más tarde, dentro de la Comisaría 14°, a donde había sido traslado el grupo. Si bien no se hizo lugar a las prisiones preventivas solicitadas, sí se ordenó la prohibición de acercamiento a las víctimas y la prohibición de salida del país de los policías acusados por el delito de torturas. "Es un fallo importante y de relevancia porque la calificación legal hace al derecho a la verdad de las víctimas y venimos sosteniendo que lo ocurrido dentro de la comisaría 14° fueron hechos que deben ser calificados como tortura", señaló el abogado querellante Federico Pagliero.
A cinco años y medio del caso de violencia institucional cometido contra siete jóvenes durante la madrugada del 23 de marzo de 2018, en las Cuatro Plazas, 21 agentes llegarán a juicio oral y público con pedidos de pena que van de 5 a 12 años de prisión.
Luego de varios reclamos para que se avance con la audiencia previa al debate, este lunes se conoció la resolución del camarista Daniel Acosta, donde se tuvieron en cuenta algunas de las cuestiones planteadas por la querella de APDH, en relación a los delitos endilgados a los agentes, que tenían determinadas diferencias con lo planteado por la Fiscalía.
En rigor, ambas acusaciones apuntaban a los mismos hechos en el marco de las agresiones que recibieron los jóvenes, pero la querella hizo una calificación particular.
La acusación de la fiscal Karina Bartocci y la querella sostiene que mientras el grupo estaba sentado en uno de los bancos de las Cuatro Plazas, los uniformados se acercaron a las víctimas y "con violencia física e insultos los aprehendieron, los golpearon y los requisaron contra los móviles". Incluso, a uno de los chicos llegaron a cortarle el pelo -sus rastas- con un cuchillo. Luego, fueron trasladados a la comisaria 14°, donde "las agresiones continuaron".
Allí es donde se da la diferencia de criterio entre lo imputado por la Fiscalía y la querella, ya que para el equipo jurídico de la APDH, en la seccional también se cometió el delito de tortura.
"Los hechos endilgados eran los mismos entre Fiscalía y querella, y ambas partes calificamos como tortura lo ocurrido con el joven al que tiraron al piso, lo golpearon salvajemente y le cortaron las rastas en la calle. Pero cuando fueron trasladados a la seccional, hubo otros hechos como desnudamientos forzosos, golpes, amenazas, que, en forma global entendemos deben calificarse como torturas, y que incluye a otros agentes policiales. La Fiscalía expresó que en ese caso iban por apremios ilegales. En primera instancia, se readecuó nuestra acusación a la misma que la de la Fiscalía, dejando afuera el delito de tortura para muchos de los acusados, que habían actuado dentro de la comisaría", explicó Pagliero.
Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que por los delitos de apremios ilegales, tortura e incumplimiento de deberes, se piden para Roberto S., Santiago M., Diego O. y Sergio Leonel R. 10 años de prisión, con inhabilitación absoluta y perpetua y multa de 12 mil pesos. Para el resto de los agentes se pidieron penas de 5 y 6 años.
Desde APDH, en tanto, los pedidos de pena alcanzan a los 12 años de prisión para Roberto S., Santiago M., inhabilitación absoluta y perpetua y multa. En tanto, para Diego O. y Leonel R. solicitan pena de 10 años, inhabilitación absoluta y multa. Para Érica D. y Mariano S. piden 9 años, inhabilitación por el doble del tiempo y multa. Para Gastón F., Ariel G. Ángela G., pidieron 8 años, inhabilitación por el doble del tiempo y multa. Para Walter D. pidieron 10 años. Y para María Florencia G., Alexis C., Iliana R., Adrián M., Nadia L., Cristian N., Ángel A., Agustin C., Malina L., Lucas S. y Jesús S., piden 6 años de prisión más inhabilitación y multa.
